El Gobierno de coalición encabezado por el PSOE inicia las conversaciones para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un punto clave en el acuerdo de Gobierno. En la primera reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, se busca establecer el SMI en el 60% del salario medio y garantizar que el aumento compense la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos.
Aunque hay consenso sobre la necesidad de elevar los salarios más bajos, las discrepancias podrían surgir en la cuantía del aumento. La Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respalda estos objetivos como parte del pacto de Gobierno, buscando abordar las desigualdades salariales y de género.
Este proceso incluirá un informe elaborado por expertos del Ministerio de Trabajo, que analizará los efectos del SMI en las desigualdades y la brecha de género, así como su relación con el costo de vida medido por el IPC.
Sin embargo, las negociaciones comienzan después de un conflicto entre los departamentos de Economía y Trabajo sobre el subsidio por desempleo. La Ministra de Economía, Nadia Calviño, propone un recorte gradual en este subsidio para «controlar» su activación en el mercado laboral, mientras Yolanda Díaz rechaza la propuesta.
Esta discrepancia refleja las diferencias ideológicas dentro del Gobierno en asuntos económicos. La Vicepresidenta Segunda asegura que no se propiciarán recortes en el subsidio por desempleo desde su departamento, subrayando que las competencias en esta área recaen en Trabajo.
La legislatura comienza con una confrontación sobre el rumbo económico del Gobierno, ilustrando las tensiones entre las fuerzas políticas que conforman la coalición. La batalla por la actualización del SMI es un elemento clave en este escenario inicial.