Política

Comienza el juicio del caso Perla Negra con graves acusaciones contra altos cargos del PP en Castilla y León

La Audiencia Provincial de Valladolid acoge desde este lunes el macroproceso por el caso Perla Negra, un juicio que debía haberse celebrado en marzo de 2022 pero que se suspendió para garantizar la entrega adecuada de documentación a todas las partes involucradas en el proceso judicial.

Este juicio investiga delitos vinculados al sobrecoste en la construcción y adquisición, por parte de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, de un inmueble denominado Perla Negra en Arroyo de la Encomienda y de terrenos para un polígono industrial en Portillo durante el mandato de Juan Vicente Herrera (PP). La Fiscalía sostiene que estos hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos, malversación de caudales públicos y violación de secretos cometidos entre 2005 y 2011. Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta, fue consejero durante ese periodo.

En el banquillo se sientan 12 acusados, incluyendo exaltos cargos de la Consejería de Economía y varios empresarios. Las peticiones de pena de cárcel varían entre los 79 años solicitados por la Fiscalía, los 221 años por el Partido Socialista de Castilla y León, y los 20 años por la Junta.

El juicio contará con cerca de 70 testigos, incluyendo a figuras destacadas como el expresidente Juan Vicente Herrera. Además, se solicitará la colaboración de más de 20 peritos.

La trama Perla Negra sigue generando controversia, ya que uno de los empresarios implicados, Francisco Armero, sigue vinculado al actual Gobierno de la Junta de Castilla y León. El PSOE denuncia la adjudicación de 15 millones de euros de fondos europeos a la empresa Clave Mayor, dirigida por Armero. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Armero, imputado por tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y malversación en el caso Perla Negra.

El secretario autonómico del PSOE exige explicaciones a Mañueco y su consejero de Economía sobre esta adjudicación y pide que asuman responsabilidades políticas.