Este jueves, la Guardia Civil ha detenido a tres jugadores de la cantera del Real Madrid de fútbol en relación con la difusión de un video de contenido sexual que involucra a una menor de 16 años. Un cuarto jugador también ha sido interrogado en calidad de investigado en este caso. Todos ellos han sido puestos en libertad tras el análisis de sus teléfonos móviles en busca de evidencia, según han revelado fuentes de la investigación.
Las identidades de los jugadores, de edades comprendidas entre 18 y 21 años, aún no han sido reveladas. Uno de ellos forma parte de la plantilla del Real Madrid Castilla, mientras que los otros tres son del Madrid C. Según informes, podría haber más futbolistas involucrados en el caso.
La investigación comenzó después de que la madre de la menor presentara una denuncia el 6 de septiembre al enterarse de la existencia y difusión de las imágenes. Los hechos ocurrieron en Mogán, Gran Canaria, a principios de verano, y las detenciones se llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva del club en Madrid.
Los jugadores están acusados de distribuir el video de contenido sexual a través de WhatsApp sin el consentimiento de la menor, quien tampoco había dado permiso para grabar las imágenes. Se cree que el video circuló por varios vestuarios, según informes.
El jugador principal bajo investigación es uno del Real Madrid C, quien presuntamente tuvo relaciones sexuales consensuadas con la menor, grabó el video y lo compartió posteriormente. El club emitió un comunicado en el que afirmaba que tomaría medidas adecuadas una vez que se conozcan los detalles de los hechos. Hasta el momento, no se han iniciado procedimientos judiciales, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, recordó que la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento constituye una forma de violencia sexual y llamó a garantizar los derechos de todas las mujeres en España. El delito de descubrimiento y revelación de secretos, en virtud de la ley, castiga con penas de prisión de tres meses a un año la difusión de imágenes privadas sin el consentimiento de la persona afectada, especialmente cuando se viola gravemente su intimidad, incluso si la víctima había dado su consentimiento para la grabación en su momento.