El Gobierno andaluz liderado por Juan Manuel Moreno, a través de su gabinete jurídico, ha dado luz verde para reactivar el controvertido mecanismo de contratación pública excepcional, esta vez para justificar nuevos contratos directos con clínicas privadas hasta 2025. Estos contratos, con un presupuesto inicial de 120 millones de euros y ampliable hasta 275,6 millones, tienen como objetivo reducir las extensas listas de espera quirúrgica en la región.
El Sistema Andaluz de Salud (SAS) había estado trabajando en un nuevo procedimiento abierto de contratación con la sanidad privada desde el verano pasado, pero este fue aparcado en enero en favor de la opción de contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva. Esta decisión generó controversia y planteó dudas jurídicas tanto en la Consejería de Salud como en el propio Gobierno andaluz.
El argumento utilizado para justificar estos contratos a dedo fue la «imperiosa urgencia» derivada de la pandemia de COVID-19, basándose en una variante de la contratación de emergencia habilitada durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria. Sin embargo, este enfoque ha generado debate tanto a nivel interno como externo, con voces discrepantes que cuestionan la legalidad y la conveniencia de esta medida.
El informe jurídico del SAS, obtenido por medios de comunicación, respalda los contratos hasta 2025 argumentando la persistencia de los efectos de la pandemia y la necesidad de abordar el problema de las listas de espera como una cuestión de salud pública urgente. No obstante, este enfoque ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que respecta a la interpretación de la normativa europea sobre contratación pública en situaciones de emergencia.
La decisión de recurrir a contratos a dedo con la sanidad privada ha generado preocupación sobre posibles irregularidades y el impacto económico de esta medida. Algunos funcionarios de la Consejería de Salud han alertado sobre la falta de justificación para este procedimiento y han cuestionado los datos utilizados para respaldar la medida, señalando que no reflejan adecuadamente la realidad de las listas de espera quirúrgica en la región.
Por otro lado, la utilización de contratos a dedo en lugar de procedimientos abiertos y transparentes ha generado inquietudes sobre la transparencia y la equidad en la contratación pública. Aunque el Gobierno andaluz defiende la legalidad de esta medida, el uso de este mecanismo ha sido objeto de escrutinio y podría ser objeto de denuncias ante instancias europeas.
En medio de este debate, queda en tela de juicio la efectividad y la eficiencia de estos contratos para abordar el problema de las listas de espera quirúrgica en Andalucía. Mientras tanto, la población sigue esperando respuestas claras y soluciones concretas para un problema que afecta a miles de personas en la región.