El caso Tsunami Democràtic, que involucra a destacados líderes independentistas catalanes, ha tomado un giro decisivo con las defensas de los investigados por terrorismo señalando un posible error en los plazos de instrucción del juez Manuel García Castellón. Los abogados, han enviado un escrito al Tribunal Supremo argumentando que este error podría llevar al archivo del caso o, al menos, a la anulación de todo lo instruido desde julio de 2021.
La causa se encuentra actualmente en espera, ya que el Tribunal Supremo debe decidir si asume la causa e imputa por terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otros, solicitud realizada por García Castellón pero rechazada por la Fiscalía. Mientras tanto, las defensas han identificado un posible error en la instrucción, que, según argumentan, podría afectar seriamente al caso.
Las defensas alegan que García Castellón prorrogó por error los plazos de investigación hasta julio de 2021, cuando la instrucción debería haber finalizado en esa fecha. Afirman que este error implicaría la anulación de todas las pesquisas posteriores, incluida la imputación de Puigdemont y del diputado de ERC Rubén Wagensberg.
Este tema de los plazos de instrucción ha sido motivo de polémica, ya que los abogados sostienen que el juez acordó un día más tarde de lo que exigía la ley la prórroga para investigar el caso Tsunami. Las defensas piden al Supremo que, antes de decidir si asume el caso, declare que el plazo de instrucción terminó el 29 de julio de 2021, lo que podría conducir a la no asunción de la causa contra Puigdemont y Wagensberg.
En este contexto, las defensas subrayan que la cuestión de los plazos es «relevante» en la tramitación del caso en el Supremo y que afecta a los derechos fundamentales de los investigados. Por lo tanto, solicitan una revisión antes de que se tome cualquier decisión sobre la imputación de Puigdemont y otros, argumentando que el error en los plazos debe abordarse antes de avanzar en el proceso.