El Pleno de Estrasburgo se convirtió en escenario de tensiones entre las fuerzas políticas españolas, lideradas por el PP, Ciudadanos y Vox, al llevar al debate la ley de amnistía y su impacto en el Estado de Derecho español. La Comisión Europea, representada por el comisario de Justicia Didier Reynders, mantuvo su postura de que la cuestión catalana es un asunto interno de España y que Bruselas continuará estudiando el proyecto de ley con detenimiento e independencia.
Las fuentes socialistas celebran que el intento del PP de obtener una posición contraria de la Comisión Europea haya fracasado, subrayando que es inusual que se debata en el Pleno de la Eurocámara sobre una ley nacional que aún no ha sido aprobada. El comisario belga insistió en que no se pronunciarán hasta que haya un dictamen definitivo de los servicios jurídicos, lo cual ocurrirá después de la tramitación de la ley en las cortes españolas.
El debate, marcado por la división ideológica, sirvió para que la derecha presionara a las fuerzas progresistas y cuestionara la legalidad de la amnistía. Por otro lado, el centro-izquierda argumentó que el mayor ataque al Estado de Derecho proviene de los pactos con la ultraderecha y que la derecha no acepta los resultados electorales. Algunos eurodiputados, como Javi López, recordaron que la amnistía se ha aprobado en 54 ocasiones en la Unión Europea y criticaron al PP por no aceptar los resultados de las urnas. La equiparación de España a Hungría y Polonia en términos de vulneración de los valores europeos también fue un punto de debate en los pasillos de Bruselas.