El Gobierno liderado por Mariano Rajoy llevó a cabo investigaciones ilegales y campañas de desprestigio contra los partidos independentistas catalanes durante al menos cinco años, según revela una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia. El escándalo, que se desarrolló entre 2012 y 2016, implicó a diferentes cuerpos policiales y utilizó dosieres con acusaciones falsas elaboradas por mandos policiales corruptos, así como información confidencial de otros ministerios, incluido el de Hacienda.
La estrategia de «guerra sucia» se puso en marcha poco después de que Rajoy asumiera el cargo, focalizándose en políticos y partidos nacionalistas catalanes tras la multitudinaria Diada de 2012. La investigación revela la dilapidación de recursos públicos, como fondos reservados, para enfrentarse a los adversarios del Partido Popular. El objetivo era manipular la opinión pública mediante la publicación de información contaminada o directamente falsa en ciertos periódicos madrileños.
La primera entrega de documentos proporciona pruebas de la participación del Ministerio del Interior, liderado por Jorge Fernández Díaz, en la recepción de informes elaborados por diferentes unidades policiales, a pesar de que el ministro negara tener acceso a dicha documentación. Algunas notas informativas incluso habrían llegado al despacho de Mariano Rajoy a través de sobre blanco cerrado, según fuentes involucradas en el caso.
A pesar de testimonios, incluidos los de dos ministros relevantes, que indican que Rajoy estaba al tanto de estas prácticas, nunca fue llamado a declarar en las investigaciones. La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez por su implicación en la Operación Kitchen, que busca eliminar pruebas de la financiación irregular del PP.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también involucrada en la operación, ha salido ilesa de las acusaciones. Aunque se revelaron grabaciones donde pedía destruir pruebas sobre la contabilidad en negro del partido, el juez exoneró a Cospedal de responsabilidad. La investigación destaca la intensificación de las operaciones ilegales después de una reunión en septiembre de 2012 en la que Fernández Díaz expresó su preocupación por la situación en Cataluña.
El comisario Villarejo, figura clave en la operación, estableció conexiones con la cúpula del Ministerio del Interior, introducido por Juan Cotino, exdirector de la policía en el gobierno de Aznar. Se detallan encuentros y acuerdos para recopilar información que se utilizó en campañas de desprestigio. Se revela el uso de informes apócrifos y falsos testimonios para difamar a políticos catalanes, así como la participación de unidades policiales y figuras políticas en estas maniobras ilegales.
La investigación sugiere que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Cristóbal Montoro, estuvo activamente involucrado en la obtención y divulgación de información confidencial sobre dirigentes nacionalistas catalanes. La utilización de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para perseguir a políticos catalanes también quedó documentada.
El escándalo de la «Operación Cataluña» se mantiene como un tema crucial en la política española, planteando preguntas sobre la ética y legalidad de las acciones emprendidas por el Gobierno de Rajoy en su intento de contrarrestar el independentismo catalán.»